¿Estado Argentino u Organización Criminal?
El Terrorismo de Estado, la Justicia amordazada y la actitud de los argentinos
El 26
de junio del 2004, el patotero oficial Luis D'Elía al frente de una
fuerza de choque ilegal compuesta de delincuentes y malvivientes de diversa
índole, ocuparon las instalaciones de la comisaría 24ª del barrio porteño de
La Boca con la excusa de vengar la muerte de uno de los cabecillas de su
banda, de la que responsabilizaba a la policía.
Durante la toma, que duró toda la madrugada, no solo se destruyó la comisaría y fueron robados chalecos antibalas, destruidos sumarios y causas judiciales, y sustraído un cuadro del pintor Benito Quinquela Martín, parte del patrimonio cultural de todos los argentinos, sino que además mantuvieron secuestrado dentro del lugar a una familia compuesta por una mujer embarazada, su marido y un menor que estaban en el lugar para realizar una denuncia.
Al contrario de toda lógica y de lo que unas autoridades realmente populares deberían hacer en un caso como este, desde el primer momento el Poder actuó a favor de los delincuentes, comenzando con la complicidad del ex subsecretario de Seguridad Interior Campagnoli quien prohibió al comisario ingresar a recuperar su propia comisaría.
La jueza del Juzgado de Instrucción Nº 1 había ordenado el desalojo inmediato de la comisaría ocupada por el grupo terrorista. Sin embargo los entonces Secretario y Sub-secretario de Seguridad Norberto Quantín y Campagnoli desobedecieron la orden dejando a la banda ocupar el lugar todo el tiempo que quisieran, medida que fue avalada por el juez federal Norberto Oyarbide. La magistrada denunció a los funcionarios por "desobediencia", pero el expediente fue cerrado en la justicia federal.
D´Elia, por su parte, fue procesado por "lesiones leves, daño agravado, privación ilegal de la libertad y coacción agravada”. Y después, nada. La causa quedó congelada durante años. Del 2004 al 2010, cientos de personas fueron procesadas e incluso encerradas por hechos de defensa personal contra asaltantes y delincuentes, mientras D´Elia no solo seguía libre, sino que seguía formando parte de la repugnante clase política y vomitando su discurso de clasismo y odio impunemente, siempre con una cámara, un micrófono o una columna periodística a su disposición.
Al final, el Poder político actuó para salvarlo cambiando la carátula a "atentado y resistencia a la autoridad", figuras con penas menores que por lo tanto prescriben en menos tiempo que las antes mencionadas. De esta forma, D´Elia y su banda fueron sobreseídos por el tribunal y ya están libres para seguir practicando el terrorismo sobre todos los argentinos.
La impunidad y los verdaderos sentimientos de este mercenario del odio se manifiestan en su forma mas obvia cuando declara públicamente a los medios que su accionar político se basa en su odio a los blancos (es decir, a la mayoría de los argentinos, incluyendo a muchos de los desocupados a los que dice defender), a quienes “hay que matarlos a todos”. Ante esta declaración el INADI, organismo de represión del pensamiento que se autodefine como una herramienta para evitar la “discriminación”, no hace absolutamente nada. Es que matar blancos está bien. Los blancos son discriminables, y llamar al genocidio, en este caso, entra dentro de lo aceptable para la democracia argentina. Son discursos como el llamamiento al control inmigratorio, los perseguidos por el INADI. La inmigración descontrolada es un factor importante para el crecimiento del clientelismo y la delincuencia, dos pilares importantísimos para el sostenimiento de la mencionada democracia argentina.
La delincuencia organizada desde el
Poder por supuesto no se limita al “oficialismo”, si es que vale la pena
hablar de “oficialismo” y “oposición” en un sistema político donde ni unos ni
otros responden al Pueblo, y por lo tanto, todos son sus enemigos por igual.
Eduardo Duhalde, que en el circo de la clase política hoy hace
el papel de “opositor” a pesar de haber sido quien en su momento impulsó a
Néstor Kirchner, también es un ejemplo de cómo esta gente
convierte al Estado que debería protegernos y elevarnos en una mera
organización de crimen y opresión. Fue este sujeto quien aprovechando su
inmenso aparato clientelista organizó el golpe de estado contra De La Rua
(otro delincuente, dicho sea de paso), armando los saqueos en el conurbano
bonaerense que produjeron el ambiente necesario para expulsar al
presidente de turno. La Policía (los idiotas de siempre, a quienes los
jerarcas del régimen escupen a la cara durante todo el año pero que después
son los que dan la vida para protegerlos a ellos), recibió la orden de no
intervenir en los saqueos de las bandas duhaldistas. Ellos miraban mientras
se saqueaban comercios y hasta casas particulares. Mientras tanto, en los
alrededores de la Casa Rosada, esa misma policía fue utilizada para reprimir y
matar a la gente trabajadora y honesta que había salido a protestar. Es el
ejemplo perfecto para concientizarse de cómo el Estado opera como
maquinaria criminal contra quienes debería proteger, cuando es manejado por
“nuestros representantes democráticos” de la clase política.
El crimen no existe porque si. Ni el crimen organizado políticamente, ni el crimen “común”. El crimen tolerado y fomentado por el Estado es la estrategia para mantenernos a todos encerrados en nuestras casas. En la tan promocionada democracia de nuestros políticos no hacen falta campos de concentración… ¿para que? La cárcel es la casa de uno. “Hay que hacer de cada barrio un piquete y una barricada”, dijo D´Elia una vez. Y con esto quiso decir: Hay que tener grupos de choque en todos los barrios para reprimir y matar al argentino que ose levantarse contra ésta clase política.
UN MENSAJE PELIGROSO:
Si la ley deja de ser aplicable a delincuentes mercenarios y genocidas como estos, ¿Por qué debería el resto de los argentinos atenerse a esas leyes? Cuando la ley deja de ser un factor de bienestar y seguridad para todos y se convierte en un simple medio de represión contra la población en manos de un grupo de enfermos, sicópatas y viciosos -la clase política-, esa ley deja de ser legítima y se convierte en un simple instrumento de terror para reprimir a quienes se atrevan a resistirse a los arrebatos y las injusticias de la política democrática.
Si la “Justicia” es ciega cuando desde el Estado mismo se forman grupos de choque con un discurso de odio clasista y racial para reprimir al Pueblo, ¿Por qué ese mismo pueblo debería acatar las decisiones de esa “Justicia”? Es más, ¿Qué le impediría al Pueblo mismo formar, en cada ciudad y en cada barrio, sus propias fuerzas para defenderse de los grupos de choque y de la criminalidad organizada desde el Estado?
En definitiva, si la clase política se organiza para intimidarnos, apretarnos, amenazarnos y sembrar el terror entre nosotros ante la mirada ciega de la “Justicia”, ¿QUÉ NOS IMPEDIRÍA A NOSOTROS ORGANIZARNOS PARA INTIMIDARLOS, APRETARLOS, AMENAZARLOS Y SEMBRAR EL TERROR ENTRE ELLOS?
Este es el juego que plantea el Poder, quizás sin saberlo, o quizás ciego de soberbia y autoconfianza ante los años de inacción y autismo generalizado del Pueblo Argentino, que hasta ahora, ya sea por comodidad, engaño, apatía o falta de liderazgo, no ha despertado para reclamar lo que es suyo y recuperar su dignidad, arrebatada por una clase política que solo es fiel a si misma y a quienes la financian desde el repulsivo circulo de la Alta Finanza Internacional.
La pregunta es, ¿HASTA CUANDO?
¡Luche y se Van!

¡Libertad y Pan!
Movimiento por la Justicia y la Libertad
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